Según se ha informado en un comunicado, Salvador Victoria ha presentado su dimisión en los cargos del PP de Madrid que ostenta tras conocerse su imputación en la segunda fase de la 'Operación Púnica'.
La investigación dirigida por el juez Eloy Velasco investiga a Victoria por tres supuestos pagos en negro que desde la Administración regional se habrían reclamado a la empresa Indra.
La actuación presuntamente delictiva que se atribuye a Victoria, que declarará como imputado el 26 de junio, está relacionada con la labor del exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, que reclamó presuntamente a la empresa, adjudicataria de numerosos contratos de la Administración regional, pagos en negro por un total de 120.000 euros que tendrían a De Pedro como destinatario.
DEFIENDE SU INOCENCIA
El hasta ahora consejero de Presidencia ha reiterado su honestidad política en todos los aspectos de su gestión como cargo público de la Comunidad de Madrid, negando cualquier hecho del que se le acusa y de los que ya ha dado las oportunas explicaciones en distintas comparecencias públicas y ruedas de prensa desde el pasado mes de febrero.
Victoria ha reiterado la falsedad de todos estos hechos que le han causado "un inmenso daño personal y familiar", según recalca el comunicado remitido.
FIGAR, TAMBIÉN DIMITE
En un encuentro con periodistas convocado de forma extraordinaria, Lucía Figar ha comunicado que dimite como Consejera del Gobierno madrileño y ha explicado que no quiere "perjudicar al PP ni a la formación de Gobierno a Cristina Cifuentes". "No tengo ningún apego al cargo ni quiero hacer uso de mi aforamiento", ha añadido la hasta ahora consejera.
En el caso de Figar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga contratos por valor de 80.000 euros que la Consejería de Educación habría firmado con Madiva, una de las empresas del presunto 'conseguidor' de la red Púnica, Alejandro de Pedro, para trabajos de posicionamiento 'on line', y con EICO para la elaboración de una página para estudiantes extranjeros llamada 'www.studyinmadrid.es', donde se recogían todos la oferta educativa de la Comunidad.
Fuentes del departamento de Lucía Figar explicaban hace dos días que la Consejería está colaborando con el juez desde hace meses, cuando se remitieron "los expedientes completos de los contratos" afectados, de unos 1.900 euros mensuales, "y la acreditación de los servicios prestados, todo debidamente fiscalizado por la Intervención", apuntaban.