La Fiscalía solicitó el 16 de enero la revocación del tercer grado, que les permite acudir solo a dormir a un centro penitenciario y les fue concedido el 23 de diciembre, tras haber ingresado en prisión el 16 de noviembre por una trama de sobornos a altos cargos de la Agencia Tributaria para eludir impuestos.
Para proponer el tercer grado se tiene en cuenta la duración de la condena, el riesgo de incidencia y otras características personales y sociales, pero la Fiscalía lo recurrió al considerar que, en este caso, el régimen de semilibertad "incumple la totalidad de los fines" de la condena, al haber cumplido un tiempo insuficiente.