El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la ley de costas con el objetivo de "evitar atrocidades urbanísticas en la costa" y dar garantías jurídicas a los propietarios de viviendas legales y actividades económicas sostenibles, según ha explicándo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Así, se amplían 75 años las concesiones a los propietarios de casas, se diferencian playas urbanas de naturales, dando a estas más protección y se refuérzala prohibición de nuevas edificaciones.
España tiene 10.000 ocupaciones residenciales en dominio público marítimo terrestre y, según ha explicado el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, 2.000 de ellas debían empezar a demolerse en 2018. Para evitarlo el Ejecutivo ha aprobado la reforma de la ley de costas.
Así ha ampliado a 75 años las concesiones para viviendas y para quienes desarrollen una actividad económica, compatible con el sostenimiento del medio ambiente. Las instalaciones de menos de 20 metros cuadrados, véase los chiringuitos, amplían sus licencias de uno a cuatro años.
Las instalaciones industriales en la costa tendrán que someterse a un informe que determinará si pueden permanecer en el dominio público marítimo terrestre.
Según el ministro esta reforma “beneficia a quienes estaban legítimamente en la costa”. La norma refuerza la prohibición de nuevas edificaciones y las obras de mejora de edificaciones ya existentes no podrán aumentar su volumen y tendrán que cumplir criterios de eficiencia energética.
Se trata de “proteger el litoral conciliando la actividad económica sostenible” y “dar garantía jurídica a los propietarios de ocupaciones”, según ha explicado Arias Cañete.
Esta ley permitirá demoler “todo lo que sea ilegal”, ha dicho el ministro que ha puesto como ejemplo el Algarrobico (Almería). El Gobierno podrá suspender obras ilegales a la espera de una decisión judicial.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dihco que el objetivo de la reforma de la ley de costas es "evitar atrocidades urbanísticas en la costa” y dar garantías jurídicas a los propietarios de viviendas legales y actividades económicas sostenibles.