En concreto, las cantidades por cada uno de los afectados oscilan entre los 54.000 y los 185.000 euros, resultado de sumar 33 días por año trabajado. Los demandantes fueron despedidos después de que Patrimonio Nacional indicase a la empresa adjudicataria la finalización de los servicios de mantenimiento, tras solicitar el Rey al organismo público que iniciase los trámites para la desafectación del barco como bien de la entidad.
En concreto, la Sala de lo Social ha declarado improcedentes los despidos, estimando de este modo la demanda interpuesta por los diez exempleados.