El TC suspendió temporalmente esta resolución, que aprobó el Parlament en enero, en la que CiU, ERC, ICV-EUiA y un diputado de la CUP defendieron el 'derecho a decidir' de Cataluña.
En las alegaciones, que los servicios jurídicos de la cámara han enviado este jueves al TC, aseguran que el Parlamento ha aprobado en los últimos años resoluciones similares, que nunca habían sido recurridas, algo que "denota una especial animadversión política en el momento actual, incomprensible en términos jurídicos".
"La única diferencia entre el pasado y el presente es el clima político", apuntan los servicios jurídicos de la cámara catalana, que recuerdan que cuando en 1989 y 1998 se aprobaron resoluciones de este tipo a favor de la autodeterminación, ni el Gobierno presidido por Felipe González (PSOE) ni el de José María Aznar (PP) presentaron recursos.
"Ahora se produce un cambio de orientación por razones políticas", por lo que en sus alegaciones, apunta que es necesario un diálogo entre la Generalitat de Cataluña y el Estado para encauzar la situación.
Así, aprecian que el Gobierno "debería haber tenido que apelar a un diálogo político e instar unas vías de negociación con quien se ha limitado a expresar una voluntad política".
En cambio, la reacción del Gobierno ha sido la contraria, recurrir a la declaración, "dificultando así la existencia de vías de diálogo y de negociación que en todo caso son las que deben presidir el funcionamiento de un Estado democrático".
No hay precedentes
En las alegaciones, se apunta a que la decisión del TC de suspender temporalmente la declaración de soberanía no tiene precedentes y que, "llevada al extremo, puede producir una suspensión de libertad de debate político", lo que contradice los principios constitucionales.
Indican que con esta resolución, el Parlamento "no convoca" en ningún caso una consulta soberanista, aunque sí establece que se trata de una opción plenamente democrática, e insta al TC a evitar que sea instrumentalizado con fines políticos.