Pese a no compartir el acuerdo del TC, el Ejecutivo López ha recordado en un comunicado que "siempre" ha manifestado su respeto al sistema democrático y a las decisiones jurisdiccionales. Por ello, en el momento en que se reciba oficialmente la notificación del TC, se adoptarán las medidas necesarias para su debido cumplimiento.
El Gobierno ha manifestado estar convencido de la "solidez" de los argumentos políticos y jurídicos en que ha basado su postura sobre este conflicto y, por lo tanto, de que en los próximos meses el TC levantará la suspensión cautelar y, cuando toque, fallará a su favor de sus tesis al entrar en la cuestión de fondo.
En este sentido, ha señalado que ha actuado en la cuestión de la paga extra de diciembre de los empleados públicos con "total responsabilidad y coherencia, defendiendo hasta el final las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma".
En julio inició el procedimiento de recurso al Tribunal Constitucional contra el Real Decreto Ley 20/2012, por considerar que vulneraba competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma y por intentar aplicar una interpretación "abusiva" de lo que debe ser legislación básica.
Posteriormente, siguiendo el criterio de un informe "muy sólido" de los servicios jurídicos, y en aplicación de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012, el Ejecutivo realizó todas las actuaciones ordinarias tendentes a hacer efectivo el abono de la paga extra de diciembre, ahora suspendidas por el TC.