El magistrado ha dictado un auto en el que acuerda que la fianza debe prestarse en metálico o aval bancario y explica que las tasaciones periciales entregadas por los dos fiadores no dejan de ser informes de parte, "sin inspección ocultar y efectuadas por el método de comparación ajustado".
El instructor, en consonancia con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, indica que las notas del registro de la propiedad que incluyeron son notas simples sin certificación literal " observándose divergencias entre las inscripciones registrales y las parcelas catastrales".
El juez descarta subsanar este hecho con una oportuna tasación pericial judicial, al entender que "no se estima adecuada" la prestación de fianza mediante garantía hipotecaria, sino mediante dinero en efectivo o aval bancario. "Todo ello con el fin de asegurar que el investigado señor Conde Conde no se va a sustraer a la acción de la justicia", ha agregado.
"La hipotética realización de una garantía hipotecaria exige un procedimiento no tan efectivo y rápido como la realización del aval o el metálico; suponiendo un plus de 'conminación' para lograr el fin del aseguramiento, esto es, que el señor Conde, sabiendo que los que prestaran la fianza podrían perder de inmediato el dinero, el mismo se 'conminaría' a estar a disposición en todo momento de este juzgado o tribunal que conozca la causa", ha añadido.
Jaime Alonso García, que ocupa la vicepresidencia ejecutiva, y José Ángel, miembro del patronato, depositaron como aval cuatro fincas situadas en la isla de Fuerteventura valoradas en un total de 610.818 euros, consintiendo que pudieran ser hipotecadas o pignoradas para garantizar la puesta en libertad del expresidente de Banesto.
La fiscal Anticorrupción Elena Lorente argumentó que este tipo de garantías, aceptables en caso de medidas aseguratorias de naturaleza civil, deben tener una admisión "extremadamente prudente y cautelosa" para garantizar la libertad provisional y pidió investigar la relación que unía a los los hermanos, que son accionistas de Los Carrizos de Castilblanco, con Mario Conde o sus allegados. Esta última petición es rechazada por el magistrado.
Expuso que el exbanquero adeuda 10 millones de euros con la Justicia y en los últimos años no ha declarado el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 2013 y 2014, mientras que consideró que el investigado tiene recursos económicos "desconocidos", como acredita la incautación en su casa de la calle Triana de Madrid de diversos certificados de obras de arte.
Dicho esto, pone de relieve que estos terceros podrían obtener igualmente con tales garantías el aval de una solvente entidad bancaria y destaca que la tasación, efectuada por el perito y arquitecto Andrés Etreros Huerta, "casualmente" cumple los parámetros procesales cuantitativos fijados en los artículos 533 y 593 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dictaminan que el valor de los bienes de la hipoteca será el doble que el del metálico señalado para la fianza.
EN PRISIÓN DESDE ABRIL
El ex presidente de Banesto ingresó el pasado 13 de abril en la prisión madrileña de Soto del Real en el marco de la causa en la que se le investiga por crear un entramado empresarial en España y el extranjero para repatriar fondos procedentes del 'caso Banesto'. Entre 1999 y 2014, habría blanqueado 13 millones de euros --2,2 a través de ingresos en efectivo y 10,7 de transferencias en cuentas en el extranjero--.
Pedraz señala en su auto que, a pesar de acceder a la posibilidad de que Conde abandone la prisión, "siguen existiendo motivos para estimar responsable criminalmente" a Mario Conde de los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo, ocho delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.
La primera vez que Mario Conde entró en la cárcel fue en diciembre de 1994, cuando apenas permaneció 30 días en prisión preventiva por el 'caso Banesto'. El 26 de febrero de 1998 fue de nuevo encarcelado por el 'caso Argentia Trust', hasta que el 9 de agosto de 1999 obtuvo la libertad condicional por esta causa.