En una providencia dictada este viernes, el juez comunica a De Guindos que se encuentra "exento de concurrir al llamamiento judicial, pudiendo hacerlo por escrito", debido a su condición de "miembro del Gobierno". El ministro ha recordado que ya ha comparecido en siete u ocho ocasiones en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso para dar explicaciones sobre la reforma bancaria. "Siempre considero que lo que es introducir transparencia y explicar las cosas a los españoles no tiene el mínimo problema", ha apuntado.
El magistrado también cita a declarar entre los días 12 y 21 de febrero a otros ocho testigos, entre los que se encuentran el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri (el 21); el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma (el 20); el gobernador del Banco de España, Luis María Linde (el 15), y su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (el 14).
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 también interrogará el 12 de febrero a los expresidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Blas Calzada y Julio Segura; el 13 al exsubgobernador del Banco de España, Francisco Javier Aríztegui; y el 19 al presidente del banco de inversión Lazard en España, Jaime Castellanos.
Plan de viabilidad de Rato
Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que ejerce la acusación popular en la causa, solicitó la comparecencia de De Guindos para que explique por qué su departamento rechazó el plan de viabilidad para la entidad que su expresidente Rodrigo Rato presentó tres días antes de dimitir.
La petición, a la que no se opuso la Fiscalía Anticorrupción, es "absolutamente imprescindible", según UPyD, por tratarse de "la única persona que puede dar puntual y cabal respuesta" a los interrogantes que, según esta parte, dejó la declaración como imputado que Rato protagonizó el pasado 20 de diciembre.
El exvicepresidente del Gobierno reveló que unos días antes de su dimisión el Ministerio de Economía le pidió que realizara un nuevo plan de saneamiento para la entidad, al considerar que el anterior plan de capitalización, que tenía el aval del Banco de España, no era viable, según informaron fuentes jurídicas.
Explicaciones de Deloitte
Celma también tendrá que explicar por qué el informe de cuentas de la entidad para 2011, que arrojaba unas ganancias de 309 millones de euros, fue aprobado sin el informe de auditoría de Deloitte. Cuando se produjo la salida de Rato, la entidad pasó a tener unas pérdidas de 2.979 millones de euros y una inyección por parte del Fondo de Reestructuración Ordenaria Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España, de 24.000 millones de euros.
Fernández Ordóñez, por su parte, tendrá que dar cuenta de si indujo la fusión entre las siete cajas de ahorros que formaron la entidad, como dijeron ante el juez Rato y el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas, a los que, según su versión de los hechos, llegó a reunir en su despacho.
UPyD también pidió la declaración de Castellanos, ya que el banco de inversión que presidía se encargó de la valoración de las acciones de la entidad cuando se produjo su salida a Bolsa. Rato admitió en un escrito enviado al juez tras su comparecencia que formó una sociedad inmobiliaria junto al testigo llamada Paracuga.
En la causa están imputados los 33 exconsejeros de la entidad, así como Bankia y su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), en calidad de personas jurídicas por los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.