Así lo ha señalado el abogado de IU/ALA, acusación popular en la causa, al término de la declaración como testigos de Bárcenas y de su secretaria y todavía trabajadora en el PP Estrella Domínguez que se ha celebrado ante la juez Rosa María Freire.
El abogado del PP Alberto Durán también había sido citado en esta condición, pero su declaración ha sido interrumpida después de que las acusaciones, tras escuchar al extesorero, solicitaran que se cambiase por la de investigado -figura que sustituye a la anterior de imputado-.
A lo largo de su declaración, Bárcenas ha señalado que los dos ordenadores que fueron manipulados por el PP contenía información importante para su defensa y también datos de su dinero en Suiza.
Sobre la responsabilidad de lo sucedido, ha apuntado a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, según las mismas fuentes, como autora de la orden de intervención en su despacho que habrían ejecutado la gerente Carmen Navarro -investigada en la causa- y el propio Durán. Bárcenas habría exculpado a Rajoy si bien ha reconocido, a preguntas de las acusaciones, que el PP es un partido muy jerárquico y que más arriba de la Secretaría General se encuentra la Presidencia del partido.
La juez comienza este miércoles**la investigación del caso del borrado de los ordenadores del que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas con el interrogatorio de éste y de otras tres personas como testigos en la causa en la que se encuentra investigada la actual tesorera y gerente del partido, Carmen Navarro; su responsable de servicios informáticos, Javier Barrero y la propia formación.
Navarro y Barrero están citados para responder como investigados el jueves día 4 ante la juez de los delitos de encubrimiento y daños informáticos a los equipos que Bárcenas utilizaba en la sede del partido.
En la causa está personada la Fiscalía y el propio Bárcenas como acusación particular además de las representaciones letradas de IU y la Asociación Libre de Abogados (ALA), que fueron quienes interpusieron la querella inicial; y del Observatorio de Drets Humans (DESC), organización que se sumó más tarde.
En el auto que dictó el pasado 20 de enero la juez Freire admitió las querellas formuladas por estas organizaciones y, por primera vez en nuestro país, estrenó la figura de la imputación penal de las personas jurídicas para dirigir la acusación contra el PP, que se tiene por "querellado" en el auto de admisión a trámite del caso.
La consideración del PP como investigado en este asunto se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara reabrir las diligencias previas que fueron archivadas en octubre de 2013.