El 'número dos' de los socialistas ha subrayado que el proceso judicial, con el que el juez acordó el pasado mes enviarla al banquillo de los acusados como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, "tiene que continuar como con todo el mundo".
Para justificar la apertura de juicio contra la Duquesa de Palma, Castro considera que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios.
En el auto recurrido, el magistrado resolvió finalmente no aplicar sobre la Infanta la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para Doña Cristina. Por su parte, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el perjudicado por los delitos presuntamente cometidos, la Agencia Tributaria, apuntan a la existencia de indicios criminales sobre Cristina de Borbón.