Cientos de jueces, fiscales, abogados y funcionarios de la Administración de Justicia se han concentrado a estas horas ante las sedes judiciales para escenificar el malestar contra las políticas de Gallardón, en particular, contra la falta de medios y la politización del Consejo General del Poder Judicial.
El Comité Nacional de Huelga, formado por cinco asociaciones de jueces y fiscales, ha informado que se han suspendido 10.000 juicios y señalamientos en toda España.
En los juzgados de Instrucción de la madrileña Plaza de Castilla, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha expuesto que la jornada de paro ha sido secundada en un 66 por ciento en Madrid, en un 56 por ciento en Cataluña, en un 74 por ciento en Extremadura y en un 79 por ciento en Andalucía.
Ha indicado que en Aragón ha sido respaldada por un 71 por ciento, en Valencia por un 59 por ciento, en el País Vasco por un 58 por ciento y en Murcia por un 62 por ciento. Los representantes de las asociaciones judiciales y fiscales han leído un manifiesto en el que critican la falta de respaldo del Consejo General del Poder Judicial y emplazan a Gallardón a abrir un cauce de diálogo para impedir la escalada del conflicto.
Los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal reivindican un incremento de la inversión pública y de la plantilla en los tribunales españoles al denunciar que el país ocupa el puesto 36 del ranking europeo con diez jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de países como Moldavia, Albania o Grecia y sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, un país con muy baja litigiosidad.
Además, reivindican un incremento de medios en la lucha contra la corrupción, modificar la Ley del Indulto, derogar o modificar "urgentemente" la ley de tasas y paralizar la reforma del órgano de gobierno de los jueces al convertirlo en "un apéndice" del Ministerio.
"Legislar de espaldas a los profesionales no es conveniente"
Los jueces tienen derecho a hacer huelga, ya que "cualquier restricción de este derecho fundamental tiene que decirse expresamente en la Constitución y la nuestra no lo dice", ha explicado el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, en una entrevista en Onda Cero.
La huelga se basa en "el mantenimiento de la independencia y la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos para que puedan acudir a los tribunales sin las cuantías que se han establecido en las tasas".
Armengol cree que, antes de legislar, el Gobierno tiene que "consultar y consensuar", ya que, "legislar de espaldas a los profesionales no es conveniente".
Sobre la elección de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria ha dicho que "el 80% ó el 90% apoyamos que los jueces sean elegidos por los propios jueces". Sobre las tasas, dice que "no estamos haciendo una huelga exclusivamente por el tema de las tasas" y que no están en contra de éstas, "sino de las cuantías".
Derecho de huelga en un vacío legal
No es la primera vez que la reclamación de refuerzos en los tribunales acaba con una huelga de togas. La primera huelga de la democracia tuvo lugar en febrero de 2009 contra el entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo y desde entonces continúa el vacío legal sobre el derecho de los magistrados a ejercer o no la huelga.