"No deja de resultar sospechoso", valora la magistrada del Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press y en el que admite la personación como acusación popular en la causa de PxC, el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, UPyD, Guanyem Barcelona e ICV, que se unen al sindicato Manos Limpias que presentó la primera querella a partir de la que se abrieron diligencias.
Pujol aseguró que este dinero ubicado en el extranjero es herencia de su padre, Florenci Pujol, que murió en 1980, y que se lo dejó a su nuera Marta Ferrusola y los hijos del matrimonio, siendo gestionado por una tercera persona mientras los vástagos eran menores de edad; el expresidente no concretó ni el país en el que estaban, ni a qué hijos se la dejó ni quién era esa tercera persona.
Marta Ferrusola y sus hijos Mireia, Marta y Pere --los cuatro ahora imputados junto a Jordi Pujol-- regularizaron en julio fondos procedentes de Andorra "en cantidades superiores a los 120.000 euros", recuerda la juez.
"Estos hechos por sí mismos resultan sospechosos de infracción penal por cuanto la ocultación de un patrimonio en el extranjero, aun sin conocer el importe, titularidad, origen o gestión del mismo, lleva a pensar en la comisión de un delito contra la Hacienda Pública", razona la juez.
Por eso añade que ahora debe comprobarse si esta regularización se hizo correctamente e investigar incluso si podría tratarse de un delito de blanqueo de capitales "si no puede esclarecerse el origen de dichos fondos".
Pero cree que, de momento, no se puede concluir que los fondos provengan "del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios por parte de la Generalitat", como sí acusaban algunas de las querellas presentadas, y por eso solo ha admitido a trámite la parte de las mismas que se dirigen contra estos cinco miembros de la familia ahora imputados, y solo en cuanto a la supuesta herencia.
Acusación
La juez ha rechazado de momento la personación del PSOE hasta que no formalice su petición en el juzgado, ya que únicamente presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado; lo mismo con la de C's, en la que "no consta si quiera que haya solicitado su personación como acusación popular".
La juez también ve conveniente que las partes personadas actúen con el mismo abogado por varios motivos: ninguno de ellas es perjudicada, se prevé que haya más querellas en el futuro, los hechos que relatan son coincidentes y solicitan las mismas diligencias.
La juez intenta que sólo con una dirección letrada de la acusación popular haya mayor celeridad en la causa, se eviten dilaciones indebidas "y el riesgo de perderse en meros trámites".
La magistrada da a las partes 15 días para que se pongan de acuerdo para designar a un abogado, de lo contrario designará al de Manos Limpias, por ser el primero en presentar la querella.