Después de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considerase que la ley modificaba la naturaleza jurídica del ICF y que el Govern no tenía competencias para llevar a cabo estos cambios, ambas administraciones trataron el tema en la Comisió Bilateral Estado-Generalitat y llegaron a un acuerdo que se publicará en el BOE y el DOGC, ha informado la Vicepresidencia de Economía y Hacienda del Govern este miércoles en un comunicado.
La Generalitat sostiene que adecuó el marco legislativo del ICF a la normativa europea surgida de la Unión Bancaria, cumpliendo los requerimientos de los reguladores europeos para entidades bancarias.