En declaraciones a los medios desde Sabadell (Barcelona), Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior, ha explicado que no se trata de adoptar nuevas medidas sino de "dar más seguridad jurídica a la actuación de la Guardia Civil para que no la pueda cuestionar nadie", al considerar que las discusiones y la división en torno a sus operaciones alientan a las mafias de tráfico de personas haciéndoles creer que lo tienen más fácil.
El grupo de trabajo está analizando toda la legislación española y comunitaria para apoyar el trabajo de los agentes a la hora de compatibilizar el respeto a los derechos de las personas con la impermeabilidad de las fronteras, para que en España se entre, "como en cualquier país, por los pasos habilitados fronterizos al efecto y de manera legal, no de manera violenta, masiva e ilegal".