La infanta doña Cristina, residente en Washington, ha viajado por primera vez a España tras la imputación de su marido, Iñaki Urdangarin. La hija del rey viajó en la tarde del martes a Barcelona para acudir, por la noche, a un acto en la sede de Cosmocaixa de la ciudad condal. Esta mañana, la Infanta ha acudido a trabajar a la sede barcelonesa de la Fundación La Caixa. Además, se ha reunido con el abogado del duque de Palma para "confirmar algunos datos" después de sus últimas reuniones con Urdangarin.
Ha entrado a las 9.45 horas de este miércoles a pie en la sede, después de salir de su casa en el barrio de Pedralbes en coche. La infanta, residente en Washington, viajó este martes a Barcelona y participó en un acto en la sede de CosmoCaixa de Barcelona.
Este miércoles, la infanta además se ha reunido con el abogado del duque de Palma, Mario Pascual Vives, para, según el letrado, "confirmar algunos datos después de mis últimas reuniones con Urdangarin".
Pascual Vives ha añadido que es "lógico" que la infanta "esté preocupada" por la imputación de su marido dentro de la operación Babel. "Le preocupa todo en su conjunto", tal y como ha confirmado el abogado.
Aunque desconoce la razón de su visita a la ciudad, el letrado ha comentado que doña Cristina "está dedicada a sus actividades profesionales, que son intensas".
Además, le abogado ha vuelto a recordar que, si su cliente tuviera que pedir disculpas por haber actuado incorrectamente, lo haría: "Yo siempre he dicho que, en esta vida, si pudiéramos tirar atrás haríamos las cosas de otra manera".
Doña Cristina ha llegado a España a la semana siguiente de que su marido, Iñaki Urdangarín, viajara brevemente a la ciudad para preparar junto a su abogado la defensa ante su imputación.
El duque de Palma deberá declarar el 25 de febrero en los juzgados de Palma por el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que él presidía, y otras sociedades mercantiles vinculadas al yerno del Rey.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los hechos investigados pueden ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.