El 11 de enero pasará a la historia como el día que vimos a una infanta sentada en el banquillo, enfrentándose a una petición de 8 años de cárcel por dos delitos fiscales. La primera jornada, de cuestiones previas, se ha centrado en la petición de su defensa y de la Fiscalía de que se aplique la doctrina Botín, la que dice que no se debe juzgar a nadie sólo con la acción popular. La Fiscalía y el abogado de la infanta, han defendido esa tesis frente a la propia acusación popular, el sindicato Manos limpias, y a los autos del juez Castro, el instructor que envió a Cristina de Borbón al banquillo.