Así consta en el último informe entregado al juez José Castro por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Baleares en el que se desgrana factura por factura los servicios privados en que incurrieron los Duques de Palma a través de su sociedad, que se nutría de los fondos que de forma presuntamente ilícita obtuvo el Instituto Nóos de las Administraciones balear y valenciana.
Con todos los datos reunidos hasta el momento y los que restan por presentar por parte de la Agencia Tributaria, el juez quiere esclarecer así si la hija del Rey Don Juan Carlos habría incurrido en un delito de blanqueo de capitales a través de Aizoon, una de las mercantiles del entramado empresarial de Urdangarin y su exsocio Diego Torres. Así, será tras analizar la documentación y consultar a las acusaciones cuando el magistrado decida si imputa de nuevo a la Infanta.