El Ejecutivo, como primer paso presentará un recurso de reconsideración ante la mesa del Parlamento catalán. Lo hará a través del grupo popular y con ello pretenden que se considere anular la resolución. Lo respaldarían los representantes de los grupos no nacionalistas, es decir PP, PSC y Ciutadans.
Segundo paso:La inhabilitación
En el caso de que fuera rechazado por la mayoría independentista como parece lo más probable, el Gobierno de Rajoy recurrirá a una de sus últimas reformas legales durante la X Legislatura. Instaría al Tribunal Constitucional para que aplicara los artículos 82 y 92.
Estos dos puntos de la Ley que regula el alto tribunal que acaban de ser reformados a iniciativa del Partido Popular y con toda la oposición en contra, habilitan la suspensión por "el tiempo preciso" de los cargos públicos que incumplan la ley.
Es de prever que los principales destinatarios de esta suspensión serán el actual presidente en funciones, Artur Mas y la recién elegida presidenta del Parlament, Carmen Forcadell.
Tercer paso: El artículo 155 de la Constitución
Incluido en el título VIII de la Constitución, el artículo 155 de la Carta Magna permite al Gobierno de la nación intervenir las competencias y atribuciones de una Comunidad Autónoma. Los servicios jurídicos del Estado ya trabajan en la forma de aplicarlo y más en una situación en la que el Senado se encuentra disuelto y tendrá que ser la Diputación Permanente la que asuma sus funciones.
Pero esta última medida no ha sido reconocida en ningún momento por el Gobierno, que ni la ha mencionado para no dar alas a las especulaciones. Simplemente, es una opción legal que los analistas no pueden dejar de considerar y que desde el partido del Gobierno se ve como la última opción posible.