Sobre la inhibición a un juzgado central de la Audiencia Nacional, secunda los argumentos en contra expuestos por el ministerio fiscal y la representación del SUP y considera también que "es precipitada" esa remisión a dicho órgano, pues "no aparecen datos fácticos por el momento que nos permitan considerar que los hechos están dentro del ámbito de las competencias de la Audiencia Nacional", por lo que acuerda dejar sin efecto dicho pronunciamiento y ordena que la instrucción continúe en Estepona.
A través de un auto, la Sala estima en parte los recursos presentados contra la resolución de diciembre de 2013 de dicho juzgado de Estepona, en la que se acordó tener por personada y parte imputada a la esposa de González, Lourdes Cavero, y a la empresa Coast Investors --que primero alquiló el ático y luego lo vendió al matrimonio--, así como personado al presidente de la Comunidad madrileña e inhibirse a favor de un juzgado central de la Audiencia Nacional.
Así, respecto a la empresa y a Cavero, la Sección Novena de la Audiencia señala que la denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que es el origen de este procedimiento, "hace referencia a dichas personas como posibles implicadas en unos hechos en torno a los cuales está girando la presente investigación y por tanto no tienen por qué quedarse al margen de la misma y que en definitiva la instrucción de las diligencias se desarrolle a sus espaldas".
Derecho de defensa
La Sala estima que deben mantenerse como partes personadas "y ejercer su derecho de defensa durante la instrucción de la causa", así como "dejar sin efecto su declaración formal como imputados, que no se ha sustentado por el momento en datos fácticos o indicios de criminalidad concretos, reveladores de una presunta participación en unos delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales contra la entidad y doña Lourdes Cavero".
Esto, añade la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, "sin perjuicio de su derecho a personarse y ejercer su defensa a partir de la denuncia que ha originado la presente investigación".
En el mismo sentido, se acuerda que la personación de Ignacio González, que tiene condición de aforado, "debe mantenerse pues a él también le afecta la presente investigación en la medida en que se refiera a las circunstancias que rodearon el alquiler de un inmueble que disfrutaba con su esposa y posterior compra del mismo a la entidad Coast Investors".
Al respecto, la Audiencia recuerda de nuevo que se ha iniciado una investigación judicial y "sería preciso individualizar la presunta conducta de la persona aforada que pudiera ser constitutiva de delito, y concurrencia de indicios en que apoyar su imputación, para que el Tribunal competente por razón de su aforamiento --El Supremo-- deba asumir la competencia".