La pasada semana, Ciscar anunció que el Consejo estaba a la espera de recibir un informe jurídico que había solicitado con "carácter de urgencia" a sus servicios jurídicos para decidir si se personaba en el caso y aseguró que si se deducía un perjuicio económico para la Generalitat, iba a ser resarcida "hasta el último euro".
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, en una de sus resoluciones, acordó librar oficio al presidente de la Generalitat valenciana por si quisiera ejercitar las acciones contempladas en el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal --relativas a la reparación del daño o indemnización-- en relación con este caso, así como a otras instituciones que pudieran haber resultado perjudicadas.