"De acuerdo con el informe del Consejo de Estado, se establecen tasas que afectan a supuestos regulados por una ley estatal y, en el caso de las tasas judiciales, con carácter general, que no pueden gravarse dos veces", ha apuntado.
En el caso del euro por receta, dicho informe dejó claro que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos sanitarios, según lo establece la Constitución en el artículo 149.
De este modo, el Gobierno entiende que la tasa catalana "vulnera la normativa estatal prevista para garantizar la coordinación general de la sanidad y la legislación de productos farmacéuticos.
Además, también entienden que "perjudica" a la igualdad de los españoles, ya que este euro por receta "grava por dos veces" la adquisición de medicamentos.
Para ello, ha recordado que el Gobierno ya ha creado un copago que "discrimina según renta", mientras que la tasa catalana es "lineal y afecta a polimedicados o personas con más necesidades sanitarias".
En el caso de la tasa judicial, el Gobierno la impugna porque "coincide con lo que ya está previsto desde hace tiempo en el ámbito de la normativa estatal, a través de una tasa de la potestad jurisdicional, ya que "las comunidades no pueden establecer tributos propios que recaigan sobre hechos imponibles ya gravados con tributos estatales".
En ambos casos, se va a pedir la suspensión de ambas tasas "para evitar que los ciudadanos sigan pagando".
El euro por receta de Madrid, cuando entre en vigor
Además, ha dejado claro que el Gobierno ha decidido presentar el recurso de inconstitucionalidad una vez aprobada la norma y después de haber intentado llegar a un acuerdo con la Generalitat, como se ha conseguido con la tasa de patrimonio cultural, por lo que hasta que el euro por receta de la Comunidad de Madrid no entre en vigor no iniciarán el mismo proceso.
"El euro por receta de Madrid no es norma todavía, no ha sido aprobado ni ha entrado en vigor, pero desde luego el Gobierno tratará de acercar posturas", ha avisado.
No obstante, Sáenz de Santamaría ha reconocido que la titular de Sanidad, Ana Mato, ya se ha puesto en contacto con la Comunidad Madrid para que sean "plenamente conscientes" de que, "en caso de aprobación, procederán de forma similar". "Actuaremos igual con cualquiera que sea la administración si consideramos que incumple la norma", ha insistido.