Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro ha puesto de manifiesto que el término 'imputado' ha quedado vinculado de forma inevitable con la culpabilidad. Ha agregado que el Ministerio cuenta con una Comisión de Mejora del Lenguaje Jurídico, de la que forma parte el Consejo de Estado, que ha propuesto la conveniencia de un cambio. Se ha referido también al debate abierto sobre la conveniencia de que personas en esta situación deban ser excluidas de las listas.
Catalá ha asegurado que la nueva Lecrim persigue tres objetivos básicos: la agilización de la Justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regeneración en la lucha contra la corrupción.
PLAZOS PARA INSTRUIR
El Proyecto de Ley, que será remitido ahora a las Cortes para el trámite parlamentario, mantiene los plazos que ya figuraban en el anteproyecto aprobado el pasado mes de diciembre. Así se prevé un periodo ordinario de seis meses de instrucción en causas sencillas y de 18 en complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses.
Catalá ha defendido que estos tiempos coinciden con los de la actual instrucción de la mayoría de los procedimiento y ha precisado que los jueces y fiscales podrán solicitar que se amplíen más allá de estos límites si lo consideran necesario.
Otras de las novedades son la introducción de mecanismos para evitar las macrocausas que "acortará" los tiempos porque "cada delito generará una causa y cada una una sentencia". Las causas sin autor conocido saldrán de los Juzgados y quedarán en manos de las Fuerzas de Seguridad.
INTERVENCIÓN DE WHATSAPP
La Lecrim aporta también novedades en las medidas de investigación tecnológica que, según el ministro, compatibilizan los derechos de las "personas investigadas" con las medidas de los investigadores. Se amplía la interceptación de comunicaciones --que afectará a WhatsApp, SMS, escuchas ambientales-- con la autorización judicial valorando principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad y proporcionalidad.
El ministro también ha adelantado la creación de "un cauce procesal para la incorporación al Derecho español de las sentencias que se puedan dictar en el futuro por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
"Será un cauce del recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para incorporar las sentencias que hipotéticamente dicte el tribunal europeo, que hasta este momento no teníamos un cauce para esa incorporación", ha dicho.