Dentro de las 7.416 plazas de nuevo acceso, 6.692 forman parte de la oferta ordinaria para este año y 724 se corresponden con la oferta de empleo adicional y extraordinaria que ha convocado el Gobierno para combatir el fraude y reforzar la plantilla de la Administración Local y de la Justicia.
Las 6.692 plazas de nuevo acceso convocadas para este año en la oferta ordinaria de empleo público se dividen en 2.868 plazas para la Administración General del Estado (AGE), 230 para la Agencia Tributaria, 50 para funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, 1.350 para Justicia, 1.374 para el Cuerpo Nacional de Policía y 820 plazas para la Guardia Civil.
Por su parte, de las 724 plazas que forman parte de la oferta extraordinaria, 190 corresponden a la AGE, 254 para la Agencia Tributaria, 200 para funcionarios locales con habilitación de carácter nacional, y 80 para Justicia.
Por último, dentro de las 3.834 plazas de promoción interna previstas para este año, 2.708 son para la AGE, 50 para funcionarios locales con habilitación de carácter nacional, 596 para la Administración de Justicia, 150 para el Cuerpo Nacional de Policía y 330 para Guardia Civil.
El Consejo de Ministros ha aprobado también el Real Decreto-Ley de reforma de la formación profesional, con la que se persigue una mejora del acceso al empleo de calidad y dotar al sistema de mayor transparencia para evitar nuevos casos de fraude en la impartición de cursos. En rueda de prensa, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntado que éstas son las dos "claves" de lo que ha considerado una reforma estructural "de primer orden".
Así, ha precisado que esta reforma es "esencial para fomentar el acceso a un empleo de más calidad y luchar contra la desigualdad y la fractura de la cohesión social". "También se fortalece la transparencia en contra del fraude", ha añadido, para explicar que este paso se ha considerado necesario después de que se hayan conocido en los últimos años, asociados a la formación, "algunos de los casos de fraude más graves y llamativos de la Democracia".
Ha sido la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien ha detallado el nuevos sistema, del que se apartan a los agentes sociales de la gestión de recursos. Para ello se implantará "el cheque formación para que el desempleado elija donde se quiere formar y la administración pagará al centro de forma direct".
Además, ha explicado Báñez "solo se anticipará un 25% de los fondos de formación subvencionados a los centros, y no el 100% como antes". También habrá una nueva unidad de inspección y se elevarán las sanciones para las empresas que defrauden que estarán hasta cinco años sin fondos para esos cursos".
Por ultimo, ha comentado la ministra, también habrá intercambio de formación entre CCAA y la administración central.