Santamaría ha explicado que con este anteproyecto se cumple además la directiva europea que regula los marcos presupuestarios de los países miembros, que establece la necesidad de contar con una institución fiscal independiente en el país que realice análisis "fiables e independientes" de la evolución de las cuentas.
La nueva autoridad fiscal, similar a las que existen en otros países de la UE, será un ente público e independiente y con personalidad jurídica propia. Su principal función será garantizar el cumplimiento efectivo del artículo 135 de la Constitución que fue reformado por el Gobierno para garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.