Gerardo Conde Roa (Padrón, 1959) ha hecho oficial, coincidiendo con la publicación del auto que confirma su imputación formal por un supuesto delito de fraude fiscal, su dimisión como alcalde de Santiago de Compostela, un cargo que asumió el 1 de julio del año pasado. "Esta ciudad vale lo que no está escrito y no merece un alcalde que está en la situación que yo estoy", ha proclamado.
En una concurrida rueda de prensa convocada después de que ayer se reuniese de urgencia con el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, y con sus concejales para abordar su futuro político, Conde Roa ha atribuido este lunes su dimisión a que es "lo mejor" para su familia y para su partido.
"El PP es mi casa y el partido al que deseo servir con absoluta lealtad y hay que decirlo, también lo he servido con cierto éxito en los últimos tiempos", ha reivindicado quien, en las municipales de mayo de 2011, conquistó para los 'populares' la Alcaldía de una ciudad que tradicionalmente había tenido gobiernos de izquierdas, aunque apenas ha llegado a completar los 10 meses como regidor.
El juez ratifica su imputación
El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Taín, ha hecho público el auto en el que procede a la imputación formal de Gerardo Conde Roa por un supuesto fraude fiscal derivado del impago a Hacienda de 291.000 euros por el IVA que cobró de la venta de 61 pisos a través de su promotora Geslander.
En el auto, el magistrado justifica su decisión de ratificar la imputación del regidor, contra el que la Fiscalía presentó una querella que fue admitida a trámite, al constatar "indicios fácticos claros" de una intención de defraudar e "intencionales suficientemente fundados" como para continuar con la práctica de diligencias.
En la parte expositiva de la resolución judicial, Vázquez Taín incide en que este paso no supone "prejuzgar en modo alguno" la presunción de inocencia del imputado. Asimismo, ratifica que, contra esta resolución, cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de tres días.