La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa, según consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
"Esta es una de las leyes más ambiciosas del programa de Gobierno de Rajoy y su objeto es mejorar la credibilidad de las administraciones públicas", de esta manera ha presentado la vicepresidenta del Gobierno el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobada en el Consejo de Ministros.
Se trata de "una ley que existe en toda Europa y que pretende reforzar la credibilidad de las instituciones de nuestro país y la confianza, busca la transparencia de las administraciones públicas e impone obligaciones de buen gobierno, con infracciones incluso penales para los malos gestores".
Esta ley implica una "aprobación de un código de buen gobierno con rango legal por primera, no se trata de meras recomendaciones, son obligaciones de cumplimiento legal". No cumplir estas obligaciones estará sancionado, en los casos muy graves con "la destitución del cargo e imposibilidad de ejercerlo durante cinco años". En los casos en que se incurra en delito la pena será la "inhabilitación de 10 años y una multa económica".
La vicepresidente ha explicado que esta "es una norma que busca devolver la confianza en las administraciones publicas y la credibilidad y que los altos cargos respondan del mal uso de los fondos" de las instituciones.
Además, esta nueva norma va a imponer unos baremos "en la retribución de las corporaciones locales y esta norma habilita a los presupuestos generales del estado que habiliten esos baremos".
Para fijar estos baremos, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño de la misma y sus circunstancias económicas o administrativas.
Portal de la transparencia
Con este objetivo, el Gobierno está ultimando el 'Portal Digital de la Transparencia', al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud de información y que recogerá datos relativos a concursos, subvenciones, sueldos de los altos cargos o costes de las cumbres internacionales, según han asegurado a Europa Press fuentes gubernamentales.
Aunque habrá una lista cerrada de asuntos sobre los que no habrá información, relativos a la seguridad nacional o a la protección de datos, el 'Portal Digital de la Transparencia' permitirá a los ciudadanos conocer por ejemplo a quién y por qué se conceden las subvenciones públicas, cuánto cuesta organizar una cumbre internacional, cuántos funcionarios trabajan en un organismo público o cuánto cobran los altos cargos.
A través de este portal, los ciudadanos podrán acceder a informaciones que no estén publicadas, dirigiendo la correspondiente solicitud. El objetivo del Gobierno es que este portal se convierta en una "verdadera ventanilla de información de la Administración General del Estado", en palabras de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.