En un escrito fechado el 5 de noviembre, el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, señala que la ejecución del "mandato ilegal" aprobado por el Parlamento catalán podría constituir los delitos de sedición, prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones, uso indebido de fondos públicos o delitos contra la Corona y contra la forma de Gobierno como el de rebelión.
La orden, remitida a los mandos de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, entre otros, recuerda que la Audiencia Nacional no es competente para perseguir a aforados (diputados del Parlamento, presidente y miembros del Gobierno catalán) pero sí para investigar la actuación de "autoridades, funcionarios o particulares" que participen en estas acciones.