Fernández Díaz ha puntualizado además que las críticas han venido del comisario, Nils Muiznieks, y no del Consejo de Europa como institución.
El ministro ha subrayado que la nueva ley es necesaria, en primer lugar por la reforma del Código Penal, de la que de desaparecen las faltas, y en segundo lugar, porque la actual ley tiene ya 22 años y desde entonces han "aparecido conductas", entre algunas vinculadas a las tecnologías de la información.
Además, ha hecho hincapié en que con la ley el derecho de reunión y manifestación "no está en riesgo", sino que "está mejor garantizado", y ha incidido en que el anteproyecto pasará por multitud de "filtros jurídicos cualificados", con informes de la Agencia de Protección de Datos, el Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.
"La seguridad sólo se entiende al servicio de la libertad y, si se olvida la seguridad, la libertad queda menoscabada", ha concluido el ministro.