Así consta en un auto en el que el juez de la Audiencia Nacional acuerda esta diligencia, que fue solicitada por el Partido Socialista de Boadilla del Monte, aunque no le pone fecha.
La Fiscalía Anticorrupción informó en contra de esta diligencia al entender esta parte que la expresidenta regional debía tener conocimiento directo, cuando no participación, de la forma en que se contrataban las empresas de sus actos públicos.