La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en numerosos expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 807.403.232 euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, según han informado fuentes judiciales.
El pasado 24 de marzo, la juez ordenó prisión incondicional, comunicada y sin fianza para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputado dentro de la investigación por las irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE).
La Fiscalía solicitó el ingreso en la cárcel del exconsejero de Empleo al entender que existe riesgo de fuga; por la gravedad de los delitos, ya que ha expuesto que por el delito continuado de malversación que se le imputa podría ser condenado a un máximo de 18 años de cárcel, y para evitar que pueda influir en otras fuentes de prueba, como por ejemplo en testigos que vayan a comparecer ante la juez durante la instrucción del procedimiento.
En su intervención, el Ministerio Público aseveró que "responder a todas las preguntas no siempre supone una colaboración con la Justicia", en alusión al hecho de que el exconsejero de Empleo haya respondido a todas las cuestiones que le han sido formuladas durante las cerca de 40 horas divididas en cuatro días que ha durado el interrogatorio, entre ellas las cerca de 200 de la magistrada, las 212 previstas por el PP, las 60 del Ministerio Público o las 20 de la Junta de Andalucía.
Fernández se convirtió en el tercer imputado que ingresa en prisión por el caso ERE tras el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, en la cárcel desde el 10 de marzo, y su exchófer, Juan Francisco Trujillo, que ingresó en prisión el 21 de marzo.