La Fiscalía Anticorrupción solicita para el empresario una pena de cuatro años de prisión por delitos en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil.
En su escrito de defensa Ortiz muestra su conformidad con los hechos descritos por la acusación y reclama que se le condene a 15 meses de cárcel y una multa.
"Solicitamos respetuosamente que el tribunal acuerde en sentencia la sustitución de las penas de prisión por la correspondiente multa", agrega.
Enrique Ortiz sería el primer empresario, pero no el último, en confesar su implicación con las prácticas corruptas del PP que lo vinculan a un pago de 348.115 euros destinado a financiar los actos electorales del partido.
Las acusaciones confían en que otros empresarios podrían revelar su vinculación en la trama Gürtel, según ha podido saber Informativos Telecinco.
De hecho, su socio y mano derecha, José Francisco Bevià ha seguido los pasos de Ortiz, al lograr un acuerdo similar con la Fiscalía para lograr una rebaja de la pena.
Ortiz habría pactado con la Fiscalía Anticorrupción para conseguir que el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, rebaje su pena prisión y que esta sea conmutada por una multa.
El constructor, propietario del 70% del suelo urbanizable de Alicante, estaría implicado en pagos ilegales de los actos electorales del PP, en tiempos del Gobierno de Francisco Camps, junto a otros 10 empresarios, entre ellos, Francisco Correa y Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes'.
El Grupo de Ortiz ocultaba los pagos ilegales, camuflándolos con supuestos contratos, que la Fiscalía sospecha que son falsos.
En el caso Gürtel también están imputados cinco ex cargos del Partido Popular la comunidad: el ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el ex secretario general de la formación en la Comunidad Ricardo Costa, el ex vicesecretario regional David Serra, también investigado en la Operación Taula. Además de las ex gerentes populares, Yolanda García y Cristina Ibáñez.