Así lo ha señalado durante una interpelación de la diputada socialista Soraya Rodríguez en el Pleno del Congreso respecto de la normativa reguladora de las incompatibilidades y del conflicto de intereses.
En este sentido, Rodríguez ha criticado que "en numerosas ocasiones" miembros del Gobierno hayan "traspasado la línea" que delimita los intereses públicos y privados y que "muchísimos" ministros tengan "indudables intereses" en las materias que gestionan, como por ejemplo Pedro Morenés, Rafael Catalá o Isabel García Tejerina.
"Es un problema de fondo, sobre la forma en que ustedes entienden la vida pública, la privada o la buena política", ha insistido, señalando al propio Montoro como "paradigma de la fina línea entre lo privado y lo público" por haber fundado un despacho que contaba en su plantilla con los "Montoro-boys", que le acompañaron en su anterior etapa como ministro, como Ricardo Martínez Rico o Francisco Piedras Camacho, y algunos de los cuales han vuelto ahora al Ejecutivo como Engracia Hidalgo o Pilar Platero.
Diferencia de concepto
En este sentido, el titular de Hacienda ha discrepado "radicalmente" de ese concepto de la política, porque "una cosa es regular el conflicto de intereses de manera clara y expresa y otra es entender que la política es incompatible con todo".
"Eso me parece un error que ha llevado a que en este país hubiera gobernantes que después no supieran qué hacer con su capacidad, porque tienen experiencia pero no saben lo que son las empresas y el mundo económico y financiero", ha abundado.
A su juicio, que en las administraciones haya personas que "conocen otras realidades" es "enriquecedor" y sin las aportaciones de gente que conoce el sector privado se "empobrece mucho cualquier ámbito de la política". De hecho, ha llegado a ponerse a sí mismo como ejemplo de compatibilización de la vida pública y la privada.
En este punto, Montoro ha recordado que hasta 40 miembros del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero --incluyendo a los exvicepresidentes económicos Elena Salgado y Pedro Solbes-- pidieron la compatibilidad para ir al mundo de la empresa al abandonar sus responsabilidades públicas.
"Y me parece correcto", ha apostillado, criticando, no obstante, que cuando son los socialistas quienes tienen este comportamiento "todo es válido, perfecto y correcto" pero no cuando se trata de miembros del PP.
Caso Trillo-Pujalte, equipo económico y Castilla y León
En este punto, Soraya Rodríguez ha sacado a colación tres ejemplos de cómo los 'populares' "confunden" intereses públicos y privados. En primer lugar, el propio bufete Equipo Económico que Montoro fundó en 2006 y que abandonó en 2008, y que contaba con "tantos miembros" de su equipo y del de Rodrigo Rato que se comprometió a no contratar con la administración, pese a lo cual de 2008 a 2012 su facturación con el sector público aumentó un 127%, pasando de 2,9 a 6,6 millones de euros "mientras había recortes en todo".
A renglón seguido, la socialista se ha referido al "episodio verdaderamente alarmante" del embajador español en Londres, Federico Trillo; del portavoz 'popular' de Economía en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte; y de la exdiputada y actual senadora del PP Ana Torme, que "asesoraban" a la empresa Collosa, el 90% de cuya actividad se deriva de contratos con el sector público en Castilla y León.
Una relación laboral "que no es legal", a juicio del principal partido de la oposición, porque se enmarca en una "trama organizada" de "extorsión y pillaje" por parte de personas y sociedades dedicadas a la venta de concesiones ambientales para parques eólicos en Castilla y León, tal y como pone de manifiesto el informe de la Agencia Tributaria que ha sacado a la luz la vinculación.
Pese a las explicaciones de los implicados alegando que "todo era legal", Rodríguez ha recordado que Pablo Trillo, hermano del embajador, era secretario general de la Consejería en los años que se concedieron más licencias, que luego se revendían "con una gran mordida" a las empresas finales. Así se consiguió "un gran pelotazo" de 110 millones de euros en 35 de los 220 parques eólicos de Castilla y León. "Pero cuando acabe la investigación, ¿de qué cifra estaremos hablando?", se ha preguntado.
El tercer ejemplo esgrimido por la diputada vallisoletana ha sido la "incompatibilidad vergonzosa" del portavoz adjunto del PP en el Congreso Agustín Conde, que trabajaba para un banco como asesor para "ejecutar desahucios" cuando a la vez votaba la normativa al respecto. "Es tan poco legal que ni siquiera pidió la compatibilidad al Congreso. Ustedes no sienten vergüenza, pero nos llenan de vergüenza a todos", ha apostillado.
Por eso, ha reclamado a Montoro que "haga algo" como máximo responsable de la Oficina de Conflicto de Intereses y que lleve "mañana mismo" al Consejo de Ministros una propuesta de reforma de la Ley Electoral para "restringir claramente" el régimen de incompatibilidades, limitándolo a la docencia y las actividades intelectuales.
También ha reclamado que se dé a la Comisión parlamentaria del Estatuto del Diputado competencias para verificar las declaraciones de actividad, para instruir expedientes sancionadores por ocultación o falsificación de datos o incumplimiento de las incompatibilidades, y para elevar informes a la Fiscalía Anticorrupción u otros órganos con competencia. Y ha pedido asimismo que se dote de "verdadera transparencia" al registro público de Intereses de diputados y senadores.
"Confunden la oportunidad con la ocurrencia"
Ante estas sugerencias, Montoro ha replicado que los socialistas podían haber presentado esta sugerencias como enmiendas a la Ley del Ejercicio de Alto Cargo de la Administración General del Estado, aprobado hace apenas un mes, algo que el PSOE hizo como le ha recordado Rodríguez. Sin embargo, el ministro considera que el PSOE "confunde la oportunidad política con la ocurrencia" y que va "a salto de mata" de la realidad.
Con respecto al Estatuto del Diputado, ha recordado que el Gobierno no es quien para manifestarse sobre un asunto que corresponde a la Cámara, pero no ha mencionado en ningún momento ni a Trillo, ni a Pujalte ni a Torme, aunque sí ha hecho hincapié en que todos estos casos se están conociendo ahora que Gobierna el PP gracias a la "absoluta independencia" de la Agencia Tributaria.
A renglón seguido, ha reiterado otra vez que no puede informar sobre los contratos firmados por Equipo Económico después de su renuncia y ha rechazado comentar las actuaciones de una administración independiente como es la Junta de Castilla y León, que en cualquier caso "ya está respondiendo" a todo el tema de las concesiones de parques eólicos.
"Ésa es la clase de política que hacen ustedes, que no quieren ver si realmente la acción del Gobierno redunda en la mejora de la actividad económica o si España está saliendo de la crisis", ha reprochado, alardeando de los datos de recaudación fiscal y preguntando al PSOE "por qué no hacían las modificaciones tributarias para que fuera posible" perseguir el fraude a las cotas actuales.
Por último, ha criticado que el PSOE "descalifique" a todo el mundo sin esperar al resultado de las investigaciones, que haga un uso "político y partidista" de las instituciones y que den la sensación de que la corrupción es "nueva en España" cuando en realidad es "la condición humana" y "se combate con leyes efectivas y con instituciones eficaces" como sucede ahora.