La Ley permitirá que la Comisión de Propiedad Intelectual pueda “estrangular económicamente” a las páginas web con contenidos ilegales presionando a los anunciantes para que retiren la publicidad y a las empresas de pago electrónico. En caso de incumplimiento de la petición reiterada de retirada de los contenidos ilegales, se podrán imponer multas de entre 30.000 y 300.000 euros. Además, se permitirá identificar en las diligencias preliminares a aquellos que pongan a disposición contenidos ilegales con el fin de que el perjudicado pueda acudir a la vía civil.
La reforma "limitada", según el ministro, de la LPI supone también el "refuerzo de la transparencia, control y vigilancia de las entidades de gestión" tras los problemas en el funcionamiento de estas entidades que se han visto en los últimos años que aconsejaban la revisión, "sin poner en cuestión la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual", según el ministro. En este sentido, se pretende dotar de mayor transparencia a estas entidades, transparencia que se traduce en una limitación de imposición de tarifas a los usuarios, en garantizar la democracia interna, así como la simplificación de sus procedimientos de cara a los usuarios.
Estos objetivos aparecerán recogidos en la ley a través de un catálogo de obligaciones de las entidades de gestión para con la Administración Pública y sus abonados. Así, se sancionará el incumplimiento de estas obligaciones con una escala de sanciones administrativas de hasta el 2% de la cifra de negocio de la entidad de gestión. Junto a ello, se clarifica el mecanismo para establecer la competencia estatal o autonómica. Además, se promueve la competencia con la eliminación barreras creación de entidades de gestión.
Otro elemento de la reforma es la revisión del concepto legal de copia privada. "Se mantiene el concepto legal del canon digital. Este anteproyecto acota de forma más precisa los límites del concepto de copia privada", ha explicado el ministro.
El pasado miércoles, las entidades de gestión pidieron al ministro la paralización de este anteproyecto hasta que se formalice el grupo de trabajo que, según indican, prometió durante la última reunión que mantuvieron, que se celebró el pasado mes de enero.
El ministro de Cultura ha anunciado el inicio de un proceso de debate con las entidades de gestión, internautas, consejo fiscal, consejo de Estado y Comunidades Autónomas, entre otros, para oír su opinión sobre la reforma. La Ley volverá en dos o tres meses al Consejo de Ministros para iniciar su proceso parlamentario.