El Consejo de Ministros ha derogado la anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un Real Decreto que establece que será el Estado el que asuma "directamente" las competencias sancionadoras de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas. Al mismo tiempo, el Gobierno ha aprobado una reducción del 38,2% en publicidad institucional y comercial y ha abordado un informe de Fomento sobre la liberalización de algunos servicios públicos como "aeropuertos, ferrocarriles o vivienda".
Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es el Estado el que "asume la gestión de policía en las confederaciones hidrográficas".
Tal y como ha explicado, el objetivo de este cambio en la normativa es "evitar duplicidades y solapamientos" entre las distintas comunidades y conseguir una gestión "mucho más eficiente en materia de agua".
En este sentido, Sáenz de Santamaría ha recordado que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas.
Reducción de la publicidad institucional
Además, el Consejo de Ministros ha abordado el plan de publicidad y comunicación institucional para 2012 aprobando una reducción del 38.2% en publicidad institucional y comercial.
Así, el Gobierno gastará este año 137,5 millones de euros en publicidad institucional y comercial, un 38,2 por ciento menos que los 222,4 millones de euros que se gastó en 2011.
Concretamente, el Ejecutivo gastará en comunicación institucional un total de 35,3 millones de euros, lo que supone un recorte de 45 millones frente a los 80,4 millones de euros que el Gobierno se gastó en este tipo de publicidad en 2011. Mientras, destinará a publicidad comercial un total de 102,2 millones de euros, 39,8 millones menos que los 142 millones de euros que se gastó en 2011.
Liberalización de servicios públicos
Asimismo, la reunión de este viernes del Gobierno ha estudiado un "informe sobre reformas estructurales en el ámbito del Ministerio de Fomento que afecta a la necesaria reordenación de determinados servicios públicos como aeropuertos, ferrocarriles o vivienda".
Así, Sáenz de Santamaría ha señalado que tras el estudio de dicho informe se presentarán distintos proyectos normativos.