En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que este bono "es una figura que existe en el sistema desde hace tiempo y que atiende a personas y familias en determinadas situaciones de consumo e ingresos".
La nueva metodología, explicó, no afecta al cálculo del importe del bono social, sino a aspectos como la forma con que se sufraga por parte de las empresas obligadas a hacerlo, que son las que tienen actividad simultánea en generación, distribución y comercialización.
La vicepresidenta del Gobierno recordó además que el importe del bono social, cuyo coste reparte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) entre las distintas empresas obligadas, ascendió a 228 millones en el ejercicio 2013.
Conforme a cómo había sido diseñado en 2009, el bono social implica una congelación de la tarifa con respecto a los precios de ese momento para potencias inferiores a 3 kilovatios (kW), familias numerosas, familias con todos los miembros en paro y pensiones mínimas. Durante esta legislatura el descuento máximo ya ha quedado limitado al 25%.