Las recomendaciones del Consejo del Poder Judicial sobre la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana han agradado a la oposición. El Ejecutivo no ha dicho exactamente en qué va a transigir, pero buena parte de las recomendaciones van dirigidas a que la ley sea más concreta. Por ejemplo, que los insultos a miembros de las Fuerza de Seguridad se realicen durante el ejercicio de sus funciones o si el anteproyecto prevé la instalación de controles para la identificación de personas que hubieran cometido una infracción -una posibilidad aplicable a los escraches- , el CGPJ considera que es contrario a la Constitución. También hay advertencias con polémica, como por ejemplo que quienes convocan son responsables de lo que ocurra en las manifestaciones y deben asumir su responsabilidad. El Consejo dice que esto puede vulnerar el principio de personalidad de la sanción en el caso de infracciones, y avisa de que al convertir faltas en infracciones, quienes las recurran tendrán que pagar tasas judiciales.