Así consta en los recursos de reforma que los miembros de la Comisión de Control, Antonio Cámara y Juan Iranzo (PP), José Acosta y Francisco Pérez (PSOE), Miguel Ángel Abejón (UGT) y Antonio Rey (CCOO) han presentado contra el auto de imputación que el juez Fernando Andreu dictó el pasado 28 de enero y en el que les atribuían los delitos de administración desleal o apropiación indebida.
En el escrito, los seis antiguos representantes de la caja madrileña señalan que "en ningún momento" la entidad "reclamó a los tenedores de las tarjetas que compensaran las sumas por el uso que estos habrían hecho de las mismas" ni les pidió que "acreditaran la naturaleza del gasto".
NO ERAN ADMINISTRADORES
Los exdirectivos también defienden que hechos que se les imputan constituirían, en todo caso, "delitos especiales propios", por lo que sólo podrían haber sido cometidos por ser "administradores de la entidad", en referencia a los miembros del Consejo de Administración.
Asimismo, señalan que los Estatutos de Caja Madrid atribuían a este órgano "funciones de vigilancia y análisis de la gestión financiera" y en ningún caso de "gestión y de representación de la entidad y, por lo tanto, de administración".
Del mismo modo, alegan que la utilización de una tarjeta de crédito "no convierte al usuario de la misma en administrador de la entidad emisora, pues la tarjeta sólo corporiza un crédito, pero no confiere poderes de gestión ni de representación de la entidad en los términos antes expuestos".
"Es evidente que cualquiera de los tenedores de una tarjeta de crédito, emitida por una entidad bancaria, no son ni gestores de dicha entidad ni tampoco sus representantes", alega el recurso, firmado por el exmagistrado del Tribunal Supremo Enrique Bacigalupo. "En ningún caso la firma o aceptación de este contrato de tarjeta de crédito por los miembros de esta Comisión de Control proporcionaba a estos la capacidad de gestionar los negocios de la caja o de representarla", añade.
NO HABÍA JUSTIFICANTES
Por otra parte, otros dos exconsejeros nombrados a propuesta de CCOO, Francisco Baquero Noriega y Pedro Bedia desmienten a quien fuera presidente de Caja Madrid desde 1988 hasta 1996, Jaime Terceiro, asegurando en un escrito que durante su mandato "jamás se exigió justificación" alguna sobre los gastos de las 'tarjetas B'.
"Tanto en la etapa del señor Terceiro como posteriormente, los gastos que llevaran a cabo los consejeros con la tarjeta facilitada en su condición de tal y para los fines descritos, jamás fueron justificados", explica Baquero, para añadir que "esta forma de compensación de gastos tuvo un origen y desempeño retributivo, en forma dineraria".