El magistrado considera que los cuatro han incumplido los deberes de cualquier administrador y "mediante procedimientos engañosos y burlando los controles de la caja" antepusieron los intereses personales a los sociales.
El juez ha tenido en cuenta, no obstante, que los cuatro han devuelto las cantidades fraudulentamente cobradas y han reconocido su culpabilidad. Su decisión se opone a la postura del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled que ha mantenido su petición de penas de hasta tres años y medio de prisión. Los cuatro altos mandos evitan, con la condena, su ingreso en la cárcel.