El anuncio de la bajada de sueldo de Ana Botella para cobrar 100.000 euros anuales es realmente un ajuste a lo que fija la ley, al considerar que está obligada a no superar esa cantidad.
La alcaldesa se bajará en 1.987 euros anuales en un país donde el salario más habitual es de 15.500 euros, de acuerdo con datos del INE y donde los funcionarios públicos han sufrido un recorte del 5% en sus nóminas.
La rebaja del salario de Botella se ha hecho de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 que establece que el importe establecido para esta retribución coincide con el máximo que fije cada año esta ley para los municipios de este tramo de población, es decir 100.000 euros.
El superávit de Madrid destinado a pagar la millonaria deuda de la capital
Entre los datos económicos contradictorios que ha revelado la primera edil está el cierre del año 2013 con un superávit de más de 965 millones de euros, a pesar de que hace apenas unos meses, ella misma situaba la deuda del consistorio en 6.204 millones, la más alta de España.
La alcaldesa Ana Botella ha informado sus resultados económicos en rueda de prensa con la liquidación del presupuesto de 2013 en la mano, aunque el año estuviera marcado por una mayor presión fiscal, importantes recortes en servicios sociales y huelgas tan sonadas como la de las empresa de recogida de basura.
Botella, ha señalado que se ha podido reducir el periodo medio de pago a proveedores, que pasó de 194 días a comienzos de 2013 a 59 a finales de año. Además de amortizar una deuda de 1.081 millones de euros.
Sin embargo, este "superávit no significa que haya un dinero que sobra sino que se destina realmente a pagar la deuda", como reconocía la concejala de Economía y Hacienda, Concepción Dancausa el pasado mes de febrero.
Alberto Ruiz Gallardón le dejó a la nueva alcaldesa una complicada situación financiera: Madrid en 2011 era ya el Ayuntamiento más endeudado de España con 6.000 millones de euros de deuda lo que condicionó al Consistorio a dedicar más recurso al pago de los intereses de esta, que a los propios servicios públicos, según datos de El Confidencial que citaba a un portavoz municipal.