Así consta en un auto en el que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal rechaza el recurso que Rato presentó contra la decisión del juez instructor Fernando Andreu de imponerle una fianza de responsabilidad civil de tres millones de euros en relación con los gastos personales que los exconsejeros cargaron a las tarjetas durante su mandato, entre enero 2010 y mayo de 2012. Rato cubrió la fianza con un aval bancario del Sabadell.
Los magistrados Guillermo Ruiz Polanco, Carmen Lamela y Fermín Echarri señalan que, según el informe de auditoría que forma parte de la causa, las tarjetas investigadas no tuvieron "habilitación legal de los órganos directivos para tal retribución" y no fueron "amparadas por gastos de representación ni otros similares", como se desprende de las actas del Consejo de Administración.