En cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo, se acordaría que la miembro de ETA, Inés del Río, obtuviera la libertad, debido a la confirmación de la condena de julio de 2012 a España, a indemnizar a Del Río con 30.000 euros, por los cinco años de más que ha permanecido en prisión en aplicación de la conocida como "doctrina Parot", ya que su excarcelación inicial estaba prevista para 2008.
Para mañana, la Audiencia Nacional ha convocado un Pleno Extraordinario para resolver la libertad de la etarra, que fue condenada a 3.828 años de prisión por un total de 24 asesinatos cometidos durante su participación en atentados como el de la plaza de República Dominicana de Madrid, en el que fallecieron 12 guardia civiles.
Del Río acudió en amparo al Tribunal Constitucional contra la aplicación en su caso de esta doctrina, que supuso una extensión de su condena hasta 2017, al obligar a que la reducción de penas por beneficios penitenciarios (trabajo, estudios...) se aplique respecto de cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión.
REVISIÓN DE CASOS
En principio, la sentencia hecha pública por la Gran Sala del TEDH afecta únicamente a Del Río, pero la Audiencia Nacional deberá estudiar los casos del resto de integrantes de ETA en la misma situación, siempre que su defensa lo solicite.
Según los datos del Ministerio del Interior, en los próximos meses, de solicitar la revisión de sus casos, podrían salir de prisión 61 presos de ETA, como Domingo Troitiño, condenado por el atentado de Hipercor y 15 delicuentes comunes, como el asesino de las niñas de Alcasser, Miguel Ricart.