Asimismo, el Auto da un plazo de diez días para que puedan alegar ante el Tribunal Constitucional "sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad de los artículos vigentes, 7.1, 7.2 y 8.2 de la Ley 10/2012, así como el artículo Primero apartados 6, 7, 8 y 9 del Real Decreto-Ley 3/2013".
De esta forma, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la AN señala en los Fundamentos de Derecho que la Ley de Tasas podría conculcar el derecho fundamental a la igualdad, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción y el principio de capacidad económica en la configuración de un sistema tributario justo.
A juicio de 'Dvuelta' y del letrado que ha redactado la demanda, Miguel Javaloyes, el Auto de la Audiencia Nacional "deja en evidencia al Gobierno y a la Defensora del Pueblo" --que decidió no recurrir la Ley al TC--, ya que, "según razona los supuestos del pago de las tasas son claramente insuficientes desde el punto de vista constitucional".
Por ello, 'Dvuelta' reclama al Gobierno la inmediata supresión de la tasa judicial elaborada por el Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ya que considera que la misma "atenta contra pilares básicos del sistema democrático y constitucional, dañando irreparablemente valores jurídicos que garantizan la convivencia y la igualdad".