Al inicio de la celebración de la reunión, el magistrado José Ricardo de Prada ha solicitado que se reservara un espacio para tratar sobre la posición a adoptar ante las declaraciones de la vicepresidenta, que aseguró el pasado viernes que ni los ciudadanos ni el Gobierno "entienden" la decisión de poner en libertad a los dos miembros de ETA tras reducir de sus condenas las cumplidas en Francia.
Según las citadas fuentes, los integrantes de la Sala de lo Penal han abordado de manera informal la propuesta del juez de que el tribunal emita algún tipo de pronunciamiento al respecto, ya sea desde su Sala de Gobierno o desde la presidencia de la Sala, que ocupa el juez Fernando Grande-Marlaska.
Saénz de Santamaría indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la Sección Primera había actuado siguiendo un "criterio incompresible". "Nos produce desazón", "sencillamente esto no se puede hacer como se ha hecho" o este criterio "no cabe en la ley", fueron algunas de las palabras empleadas por la vicepresidenta para referirse a la cuestión.
Iniciativa en el CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aplazado precisamente este viernes su decisión sobre si ampara o no a los magistrados de esta Sección hasta conocer el dictamen que el Tribunal Supremo emitirá el próximo martes sobre el asunto.
El amparo ha sido solicitado por cuatro vocales progresistas del órgano de gobierno de los jueces que aluden a la pasividad de esta institución frente a los ataques que estos magistrados vienen sufriendo desde que adoptaron su decisión.
Así lo ha decidido este viernes el órgano de gobierno de los jueces al objeto de "no perturbar las deliberaciones que en dicho Pleno se lleven a cabo", según ha podido saber Europa Press. La decisión sobre si se ampara o no a los magistrados Manuela Fernández de Prado, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez no se tomará en consideración entonces hasta el próximo día 23, según las fuentes consultadas.
Las excarcelaciones se realizaron en aplicación de la decisión marco que el Consejo de Europa aprobó en 2008 para que se acumularan las condenas cumplidas en países de la Unión Europea.