En concreto, el fallo de la Sección Segunda de lo Penal, del que es ponente el magistrado Miguel Donis, ratifica la condena al exregidor consistente en un año y un mes de inhabilitación especial para empleo o cargo público de alcalde o concejal y una multa de 12.600 euros (seis meses a razón de 70 euros el día), junto con el pago de las costas, incluidas las de la acusación popular, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En la sentencia de primera instancia notificada el 29 de mayo, la juzgadora atribuyó la conducta delictiva del condenado a su "interés particular" en el proceso, en su condición de titular de una vivienda (un séptimo A) en el polémico inmueble, y a un "evidente interés profesional" como alcalde, ante el innegable y cuantioso coste económico que la ejecución de la sentencia del TSJCyL en sus justos términos comportaría para el presupuesto municipal.