El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, hace referencia a la prisión permanente revisable al alegar que "resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable, en un ámbito estrictamente interno, con la reinserción contemplada en el artículo 25.2 de la Constitución".
También aborda otro de las nuevas medidas de seguridad que introduce el texto penal propuesto por Gallardón como es la custodia de seguridad al denunciar su "cuestionable inconstitucionalidad, como así lo han declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional alemán, país de origen de esta medida".
Según el informe, es especialmente significativa la ausencia de controles claros para su ejecución y seguimiento y el hecho de que su cumplimiento de la medida pueda hacerse en centro penitenciario, como si de una pena se tratase.
Esta medida se impone al condenado, una vez que ha cumplido la pena de prisión, en un establecimiento especial o, si es conveniente para favorecer su reinserción, en una cárcel con una duración máxima de diez años.