El Estado se ha pronunciado de este modo después de que el juez instructor, José Castro, diese traslado a las partes de la impugnación del fiscal Pedro Horrach, quien descarta que la hija del Rey Don Juan Carlos ejerciera una "influencia delictiva" sobre las Administraciones públicas que contrataron con el Instituto Nóos cuando estaba presidido por su marido, Iñaki Urdangarin.
En su recurso, que será tramitado por la Audiencia Provincial de Baleares, órgano al que le corresponderá dirimir si la hija del Rey Don Juan Carlos debe comparecer finalmente en calidad de imputada, incidía en que si los responsables políticos "supuestamente influenciados" desconocían que la infanta fuera vocal en Nóos y no trataron o gestionaron de algún modo con ella temas vinculados a esta entidad, "¿cómo puede ejercer aquélla una influencia delictiva?".
En esta línea, apuntaba que si los indicios acumulados a lo largo de la investigación "no poseen entidad penal, no se barrunta el sentido que tiene su citación en calidad de imputada", en contra de las argumentaciones apuntadas por el magistrado.
El representante del Ministerio Público se pregunta así "qué hecho, dato, circunstancia, documento, testifical o cualquier otro elemento incriminatorio ha sobrevenido que altere sustancialmente" las consideraciones penales argumentadas hasta el momento por las acusaciones -excepto Manos Limpias-, que no han hallado hasta ahora indicios en contra de la infanta.