En el auto el tribunal señala que los hechos investigados por la juez argentina María Servini de Cubría consisten en 13 delitos de tortura que se habrían producido entre febrero de 1971 y septiembre de 1975 y que, por tanto, habrían prescrito a los diez años de su comisión. Al haber sido denunciados estos hechos en 2010 y 2012, la Sala estima que "el periodo de prescripción está ampliamente cumplido".
De igual modo, rechaza que los hechos investigados constituyan delitos de lesa humanidad, que no prescriben, "por más que los hechos descritos constituyan delitos de tortura a detenidos por un grupo determinado, aislado y concreto de funcionarios policiales". Para los magistrados, no consta que estas supuestas torturas "fueran parte de un ataque sistemático y organizado de ataque a un grupo de población".
El tribunal tampoco aprecia que las torturas que se achacan al expolicía "guarden relación con los asesinatos y desapariciones forzadas a que se circunscribe el procedimiento argentino, que se perpetraron tras el 17 de julio de 1936".