Con la reforma del Código Penal, se castigará "con la prisión por el tiempo máximo previsto" a aquellas personas integradas en organización terrorista que causaran la muerte de una persona e introduce el delito de adoctrinamiento pasivo para aquellos que consulten páginas webs con contenido yihadista se haga con el objetivo de pertenecer a una banda o perseguir sus fines.
El nuevo Código Penal sigue la senda de otros países europeos en la aplicación de la prisión permanente, que podrá ser impuesta en casos de excepcional gravedad, como el homicidio del Rey o su heredero, de jefes de Estado extranjeros, genocidio, asesinatos en serie, cometidos en el seno de una organización criminal o contra menores de 16 años o personas especialmente vulnerables. La medida ha levantado la crítica unánime de toda la oposición que la considera una cadena perpetua encubierta.
La prisión permanente prevé que las penas sean revisadas, tras el cumplimiento de 25 a 35 años, para verificar si el pronóstico es favorable a la reinserción social. Los jueces examinarán si debe mantenerse la prisión cada dos años de oficio o a petición del recluso, si bien puede no dar curso a nuevas solicitudes durante un año.
Esta Ley orgánica modificará, además los artículos del Capítulo VII del vigente Código Penal sobre delitos terroristas e introducirá otros nuevos con el ánimo de adaptar la ley al terrorismo yihadista, comenzando por establecer una nueva definición sobre lo que es ser terrorista para lo que ya no será necesario una integración en grupo armado. De este modo se regula la figura de los denominados 'lobos solitarios'.
En el capítulo de enaltecimiento la pena máxima pasa de dos a tres años, lo que abre la puerta a entrar en prisión incluso sin antecedentes, y se tiene en cuenta como agravante cuando estos mensajes de enaltecimiento y justificación se realicen por Internet o las redes sociales. Además el juez podrá acordar la destrucción y borrado de archivos informáticos o documentos o el acceso portales de Internet.
Por último, la ley recoge de la siguiente manera la prohibición para que las personas condenadas por este tipo de delitos puedan ejercer como profesores: "Será también castigado con las penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena impuesta". Asimismo se incluye la figura de libertad vigilada durante un máximo de diez años para aquellos a los que se les imponga una condena grave por uno o más delitos.
DELITOS DE CORRUPCIÓN
El Código Penal dificulta, además, el acceso la libertad condicional a los corruptos que no hayan reparado el daño causado, fija en 500.000 euros la cuantía para imponer cárcel por financiación ilegal --salvo que sea extranjero que será de 100.000-- y mantiene el límite de 120.000 euros para hablar de fraude fiscal.
Las personas que participan en "estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos" al margen de la ley serán castigadas con una pena de prisión de uno a cinco años de cárcel, con independencia de la cuantía de la comisión.
El texto amplía, además, el decomiso para que los jueces puedan ordenar la intervención de bienes del condenado procedentes de otras actividades delictivas siempre que existan indicios de su procedencia ilícita, como puede ser la desproporción entre el patrimonio y su medio de vida o el recurso de paraísos fiscales o empresas interpuestas.
Además, se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de activos procedentes del delito y se reduce la pena de cárcel a quienes dificultan o impiden el ejercicio de huelga y a los piquetes que, no obstante, seguirán teniendo castigos más duros cuando actúen con violencia.
MODIFICA LA LEY DEL INDULTO
De otro lado, la norma modifica la Ley del Indulto para que un alto cargo del Ministerio de Justicia comparezca sobre estos expedientes cada seis meses. Asimismo, suprime el Libro III relativo a las faltas, para convertirlas en delitos leves o sanciones administrativas.
Por otra parte, se mantiene la idea de fijar el consentimiento sexual en 16 años y se aumenta la persecución del maltrato, abandono y explotación sexual de animales.
Se tipifican nuevos delitos como el matrimonio forzado, el hostigamiento, la divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con la anuencia de la persona afectada o la manipulación de los dispositivos de control que sirven para vigilar el cumplimiento de las penas. También se trasponen decisiones europeas sobre pornografía infantil, explotación sexual de menores, trata de seres humanos o inmigración ilegal.
EXPULSIÓN DE EUROPEOS
Excepcionalmente, un europeo podrá ser expulsado si representa una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública, por lo cual la pena de prisión será sustituida por la expulsión del territorio nacional. Además, se agravan las penas de delitos de hurto y robo para aumentar la persecución de multirreincidentes, butrones, alunizajes o robo de cable de cobre o suministro eléctrico.
La libertad condicional no computará como tiempo de cumplimiento de condena, pero su concesión determinará la suspensión de la ejecución del resto de la pena. Si durante ese tiempo no reincide, se declarará extinguida la pena pendiente, pero si incumple las condiciones, la libertad será revocada y se deberá cumplir la pena que le restaba.
La norma vuelve al Congreso después de la introducción en el Senado de algunas modificaciones como la fijación de penas de hasta ocho años para quienes incurran en la trata de seres humanos para imponerles la esclavitud, servidumbre, servicios forzados u otras prácticas similares a las anteriores, incluida la mendicidad.
Además, permitirá multar a aquellos que falten al respeto y la consideración debida a la autoridad y ha añadido la paralización del derribo de viviendas ilegales hasta que los propietarios que compraron de buena fe y sin conocer las irregularidades cobren las indemnizaciones. Eleva de uno a dos años la condena mínima para quienes inciten a la prostitución a menores discapacitados y especifica la posibilidad de introducir la libertad vigilada para aquellos maltratadores que provoquen lesiones a sus parejas.
LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA
El Pleno del Congreso da también vía libre a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana para su entrada en vigor definitiva después de que fuese aprobada en el Senado el pasado 12 de marzo introduciendo algunas novedades como la que abre la puerta a que el ordenamiento jurídico español regule el registro de pasajeros en aviones, una propuesta defendida por varios países de la Unión Europea como medida para combatir la llegada de terroristas yihadistas.
En concreto, es la enmienda que modifica el apartado 1 del artículo 25 sobre las "Obligaciones de registro documental" en el que se dice que quienes "ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana" quedarán sujetas a "las obligaciones de registro documental e información en los términos que establezcan las disposiciones aplicables".
Entre esas "actividades relevantes" la Ley incluía numerosas categorías como hospedarse en un hotel, comprar un teléfono móvil, alquilar un coche, compraventa de joyas u obras de arte. La novedad que introduce ahora el PP en el texto es que entre esas actividades, se añade también el "transporte de personas".
DEVOLUCIONES EN CALIENTE EN CEUTA Y MELILLA
Durante su paso por el Senado la mayoría de grupos de la oposición han mostrado su rechazo a la enmienda introducida en su día por los 'populares' para regular el rechazo de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla.
El redactado final de la Ley dice que "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".
MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
El Pleno del Congreso da luz verde definitiva a las tres principales leyes que el Gobierno presentó en su día como sus medidas estrella contra la corrupción: la nueva ley que regula la actividad económica de los partidos --que modifica la Ley de Partidos, la de financiación y la del Tribunal de Cuentas--, el Estatuto del Alto Cargo y la reforma del Código Penal.
Las tres leyes llegan desde el Senado, donde se han introducido una serie de enmiendas puntuales que son las que votarán la Cámara Baja.
Así, el Senado aprobó una enmienda para obligar al Tribunal de Cuentas a que, antes de unos comicios de cuya fiscalización vaya a ser competente, comunique el límite de gasto electoral que va a tener cada partido en esa campaña.
La ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, que cuenta con el respaldo de PP y de los nacionalistas catalanes, vascos y canarios, entre otras cosas, prohíbe condonar deuda a los partidos, veta donativos de personas jurídicas (empresas) y obliga a publicar todos las aportaciones económicas de más de 25.000 euros que reciba un partido.
La ley añadió un recorte del 20% de la subvención que se otorga por los envíos gratuitos de propaganda electoral ('mailing'), que se añade a la rebaja del 40 por ciento de la financiación ordinaria de los partidos que el Gobierno ha ido aplicando en los últimos años a través de los Presupuestos Generales (PGE).
Además, a partir de ahora, las subvenciones anuales del Estado se van a vincular al presupuesto consolidado sin intereses de cada ejercicio lo que, según el PP, implica que "irán de la mano del gasto social" de modo que, si hay recortes en estas partidas, también se verán reducidos.