La mayoría de los 16 magistrados de este órgano, superior jerárquicamente a los jueces instructores, han adoptado esta medida argumentando que estos dos procedimientos no cumplen los requisitos que estableció el Congreso en la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que limitó la justicia universal.
En contra de lo establecido por la nueva legislación, las dos causas se dirigen contra personas que no tienen la nacionalidad española, que no residen habitualmente en España y a los que nunca se denegó su extradición por parte de las autoridades nacionales.