Fecha 2040. Es el límite que el Gobierno de Sánchez ha puesto encima de la mesa para acabar con los vehículos de combustión después de una guerra no velada contra el diésel, cuyas ventas empiezan a caer en picado. El anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética anunciado por el Gobierno ha caído como una bomba en un sector que mueve el 10% del PIB.
Desde la patronal ya se ha dado la voz de alarma sobre los cerca de 300.000 puestos de trabajo que pueden quedar en el aire y sobre el impacto que en las compras puede causar un anuncio que no ha sido consensuado. También se han lanzado advertencias desde los sindicatos. Ante el aluvión de críticas (más referidas a las formas que al fondo, ya que Europa apuesta por eliminar los coches de combustión), Sánchez ha contestado que hay que ser valiente para luchar contra el cambio climático y que Merkel tiene previsto hacer lo mismo… en 2030.
Así las cosas y tal y como ha desvelado El Mundo, el Gobierno no va a dejar de la mano de cada uno la posibilidad de hacer realidad las electrolineras y quiere que 1.200 estaciones de servicio, un 10% de las que hoy existen, cuenten con un punto de recarga sí o sí.
Las primeras que tendrán que ponerse las pilas son las 200 supergasolineras que venden más de 10 millones de litros de combustible al año. Desde que se apruebe de Ley del Cambio Climático tendrán doce meses para poder suministrar electricidad con origen 100% renovable, por lo que los propietarios tendrán que firmar nuevos contratos con las eléctricas o buscar sus propias fuentes. De no ser así las multas para estas gasolineras pueden llegar a los 30 millones.
Las medidas afectarán primero, pues, a las gasolineras que vendan más de 10 millones de litros al año que tendrán 12 meses para suministrar energía 100% renovable. Las que vendan entre cinco y diez millones de litros tendrán 15 meses para remitir el plan de recarga energética al Ministerio y otros 12 meses, es decir, un total de 27 para ponerlo en marcha. Las multas pueden llegar a los 30 millones de euros. El órdago afecta de lleno a Repsol, que cuenta con una cuota de mercado del 30%, mientras que Cepsa tiene un 13%.La pregunta es ¿dará el Gobierno ayudas al sector? Eso también está encima de la mesa.